La
vuelta del mercado permuta es un hecho. El Banco Central de Venezuela (BCV)
y el Ministerio de Finanzas tienen listo el proyecto para la reapertura de este
mecanismo que estaría operativo para el mes de diciembre y que volverá a
funcionar bajo el ojo vigilante del Estado, según aseguran fuentes del
instituto emisor.
Sus operadores serán las casas de bolsa que tengan
la autorización, y la banca que, hasta el momento ha sido la única
intermediaria en las políticas cambiarias establecidas por el Ejecutivo desde el
cierre del mercado permuta en 2010.
Tal decisión ameritaría también
"despenalizar" estas operaciones que estaban prohibidas en la Ley de Ilícitos
Cambiarios y en la Ley del Mercado de Valores. Por lo que trabajan en la
revisión del marco legal en conjunto con la Asamblea Nacional (AN).
El
presidente de la Comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino, confirmó que ya
tienen una primera propuesta de reforma de estos dos instrumentos legales,
que se orientan a modificaciones desde el punto de vista operativo que, en ambas
normas, impedían este tipo de operaciones, al tiempo que se aumentan las
sanciones a quienes incurran en actos tipificados como delito. Dijo que se trata
de precisar la aplicación de la ley
"Lo importante es que las leyes se desarrollan y tienen un tiempo de
aplicación, y una vez que ha cesado el motivo por el cual fueron creadas,
entonces surgen otros instrumentos que se ajustan a las nuevas realidades",
indicó el asambleísta.
La idea de reabrir el mercado permuta es "dar mayor fluidez al mercado de
divisas" y "flexibilizarlo", según señaló.
Sanguino, quien no ahondó en los detalles de las modificaciones de ambas
normas, señaló que entre lo que se estaría reformando en la Ley de Ilícitos
Cambiarios es el aspecto que establece que es el BCV el organismo que
tiene las competencias para definir y normar las operaciones con títulos
valores de la República, mientras que sería el Ministerio de Finanzas el que
tipifique los delitos. Cosa que ya ocurre.
En el caso de las sanciones, el diputado dijo que la ley será más rigurosa
y específica: las penas de cárcel aumentan; por ejemplo, quienes obtengan
divisas bajo engaño, alegando causas falsas o valiéndose de cualquier medio
fraudulento, pueden pagar entre 6 y 14 años de prisión. En la ley aún vigente
este delito es penado, además de las medidas administrativas, con 3 a 7 años de
prisión.
Además, se incluye a la Superintendencia de Valores entre los entes
supervisores, así como la autorización de las operadoras; se define lo que son
grupos de delincuencia organizada; se establecerá que ante las autoridades de
aduana y no la autoridad cambiaria donde se reportarán las personas naturales y
jurídicas que importen o exporten, ingresen o egresen desde y hacia el
territorio venezolano más de $10.000 o su equivalente en otras divisas. La
aduana lo comunicará a los entes con competencia.
Debatirá la AN
Aunque se dijo que estas reformas podrían ser analizadas en la Habilitante
que solicitaría el presidente Nicolás Maduro, ahora es un trabajo que hacen en
conjunto la AN y el Ejecutivo, y que se espera que sea revisado y debatido al
regreso del receso parlamentario.
Los equipos técnicos deben revisar todo el marco jurídico del sistema
financiero nacional para verificar que no existan contradicciones que generen
trabas.
El propio ministro de Finanzas, Nelson Merentes, señaló estar
confiado en que existe consenso entre opositores y oficialistas en el Parlamento
para "hacer cosas que aceleren la mejor conducta de la economía". Así lo afirmó en entrevista con José Vicente Rangel. "El
Parlamento trabaja en adaptarlas al momento y se espera que trascienda la
coyuntura".
Drenar las divisas
El ministro de Finanzas también aseguró que la Ley de Ilícitos Cambiarios
"no ha cumplido los objetivos correspondientes" y que el mercado estaba
"perturbado"; por tal motivo, dijo que ambas leyes debían ser reformadas,
"trabajar el tema en conjunto con los empresarios y los inversionistas y
drenar".
Fuentes del Ejecutivo, por su parte, aseguran que efectivamente el
Gobierno debe "drenar las presiones del mercado". Pues no sólo las leyes han
sido infructuosas, también han sido insuficientes las medidas tomadas por el
Ejecutivo para detener el mercado no oficial y atender las necesidades de
divisas.
Deben atender el desabastecimiento de productos, la inflación que toca niveles históricos y una divisa no oficial
desbordada que es el marcador de la economía.
Existe además una Bolsa Pública de
Valores cuyas capacidades están subestimadas, que funciona con
operaciones muy limitadas. Mientras, las empresas de capital extranjero no pueden repatriar sus dividendos y
acumulan grandes cantidades de bolívares, que hacen poco atractivo invertir en
Venezuela.
Mariana Martínez Rodríguez
El Mundo Economía & Negocios.
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