Los ajustes cambiarios en Venezuela podrían reducir desequilibrios fiscales y la necesidad de emitir deuda, pero su capacidad para ganar credibilidad crediticia estará limitada por las perspectivas de los ingresos petroleros y una economía en desaceleración, según un reporte de Fitch Ratings. Venezuela lanzó un esperado sistema de subasta de divisas para oxigenar el constreñido flujo de moneda extranjera para importadores y empresarios privados y devaluó su moneda con el fin de incrementar los recursos estatales y reducir un creciente déficit fiscal.
Sin embargo, para la agencia calificadora, los ajustes estarán limitados por un reducido flujo de caja gubernamental dado un panorama limitado de aumento de los precios del petróleo, un descenso de sus reservas internacionales y retos derivados de cambios políticos.
"Las modificaciones en el control de cambio permiten a las autoridades prevenir la desestabilización de su balanza de pagos y favorecen la flexibilidad del financiamiento soberano frente a las presiones externas", dijo Erich Arispe, director de Fitch para Latinoamérica, citado en un reporte difundido el jueves.
"No obstante, estos mecanismos han sido costosos en términos de crecimiento económico, mientras Venezuela parece estar atrapada en un panorama de alta inflación", continuó.
La economía sufrió una desaceleración en el primer trimestre, con un crecimiento de un 0,7 por ciento que se compara con el 5,9 por ciento de los primeros tres meses de 2012, mientras que la inflación anualizada a junio repuntó cerca de un 40 por ciento.
Según Fitch, el estricto control de cambio como pilar de la política económica venezolana durante los últimos 10 años continúa afectando su credibilidad crediticia.
"Los ajustes han sido implementados lentamente y hasta ahora han fallado en mejorar la eficacia y transparencia del Gobierno en política cambiaria", dijo la agencia.
En marzo la agencia calificó la deuda soberana a largo plazo de Venezuela en "B+" y con un panorama negativo.
Reuters
Definen proyecto de reforma de la Ley contra Ilícitos Cambiarios
Los diputados de la Asamblea Nacional preparan la tercera reforma de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios con el objeto de flexibilizar los procesos para que las empresas traigan divisas al país.
Ese instrumento fue aprobado por el Parlamento en el año 2005 para castigar a las personas y empresas que negocian divisas fuera del control. Luego en 2008 el texto fue cambiado para añadir la prohibición de divulgar cotizaciones diferentes a la paridad oficial y en 2010 fue objeto de otra modificación para elevar los controles y las sanciones. Ahora se trabaja en un nuevo ajuste.
El diputado Elvis Amoroso, quien elaboró la ley hace ocho años, está redactando la propuesta que será entregada al Ministerio de Finanzas y a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional en el transcurso de las próximas semanas.
El parlamentario señaló que el control de cambio debe mantenerse, aunque la Ley de Ilícitos tiene que flexibilizarse. "Esa Ley tal como está ya cumplió una etapa, ahora tiene que ajustarse a la realidad".
Agregó que "muchos venezolanos tienen dólares afuera que se pueden destinar a la inversión en el país, por lo tanto, hay que darles confianza para que traigan esos recursos".
En las anteriores reformas de la Ley se efectuaron cambios puntuales, en esta nueva propuesta se modificarán varios artículos del capítulo de ilícitos cambiarios así como del capítulo de las sanciones.
Amoroso expresó que "la reforma tiene por objeto dar mayores garantías, queremos dar un bono de confianza. Por ejemplo, si una empresa trae al país un millón de dólares, luego se le acelerarían las divisas que requiera por Cadivi para el proceso productivo".
El diputado no precisó si esos dólares que ingresarían las empresas podrían ofertarse en el mecanismo alterno de divisas. Sí comentó que se hará una revisión del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) para determinar si el instrumento legal también tiene que adaptarse al sistema.
La Ley de Ilícitos Cambiarios prohíbe la divulgación de tasas diferentes a la oficial, y sobre ese punto, Amoroso dijo que no se tiene previsto reformar.
Al consultársele si al menos se flexibilizaría la norma para informar la tasa del Sicad, que es otra paridad oficial, el parlamentario indicó que ello se tendría que evaluar.
Elvis Amoroso destacó que otro de los aspectos que se está analizando cambiar es el referente a las sanciones.
El incumplimiento de la Ley de Ilícitos Cambiarios contempla penas de prisión de dos a seis años y multas hasta 1.500 Unidades Tributarias (U.T)
El diputado dijo que si bien el proyecto estará listo en las próximas semanas, la aprobación se espera concretar en el segundo período de sesiones, que arranca en septiembre.
Mayela Armas
El Universal
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