Según el ministro de Hacienda, Guido Mantega, la meta será alcanzada mediante a un aumento de 117.800 millones a 127.800 millones de reales (de u$s73.600 millones a u$s79.875 millones) en el ahorro realizado para pagar los intereses de la deuda pública, que hoy es equivalente a alrededor del 45% del PIB.
Mantega aseveró que los recortes afectarán solamente a los gastos corrientes, y no alcanzarán a los programas sociales del gobierno ni tampoco a las inversiones consideradas como prioritarias.
"No confundan lo que estamos haciendo con los ajustes fiscales que realizan los países europeos. Los países de Europa, así como Estados Unidos, viven una crisis de la deuda pública, que creció mucho. Allá están recortando todo: inversiones, beneficios sociales, previsionales. No es lo que estamos haciendo nosotros", expresó.
"No estamos recortando ningún gasto social y queremos ampliar las inversiones, y no reducirlas. Es un ajuste para asegurar el crecimiento de la economía y la generación de empleos, para garantizar que los problemas que vendrán de los países avanzados sean neutralizados por las condiciones de economía brasileña", agregó.
Según Mantega, el recorte permitirá elevar del 2,9% a alrededor del 3,2% del PIB el superávit primario previsto para 2011.
La medida, que depende de la aprobación del Congreso al cambio en el presupuesto de 2011, se suma al recorte de 50.000 millones de reales (u$s31.000 millones) en los gastos públicos anunciado por Rousseff semanas después de asumir el gobierno de Brasil, en enero pasado.
El ajuste fue anunciado al final de una reunión del Consejo Político de Rousseff, en la que participaron varios ministros y líderes parlamentarios de los partidos que conforman la coalición oficialista.
Uno de los participantes del encuentro, el diputado y sindicalista Paulo Pereira da Silva, relató que Rousseff advirtió que la crisis internacional "es grave" y destacó la necesidad de realizar nuevos ajustes para volver más sólida la situación fiscal del país.
Según afirma el diario O Estado de Sao Paulo, la medida fue adoptada para evitar que el gobierno sea obligado a aumentar sus gastos a raíz de decisiones del Congreso, que actualmente debate temas como reajuste de salarios para el Poder Judicial, ampliación de las inversiones en el sector de salud y elevación en el monto de las jubilaciones.
Infobae
Mantega aseveró que los recortes afectarán solamente a los gastos corrientes, y no alcanzarán a los programas sociales del gobierno ni tampoco a las inversiones consideradas como prioritarias.
"No confundan lo que estamos haciendo con los ajustes fiscales que realizan los países europeos. Los países de Europa, así como Estados Unidos, viven una crisis de la deuda pública, que creció mucho. Allá están recortando todo: inversiones, beneficios sociales, previsionales. No es lo que estamos haciendo nosotros", expresó.
"No estamos recortando ningún gasto social y queremos ampliar las inversiones, y no reducirlas. Es un ajuste para asegurar el crecimiento de la economía y la generación de empleos, para garantizar que los problemas que vendrán de los países avanzados sean neutralizados por las condiciones de economía brasileña", agregó.
Según Mantega, el recorte permitirá elevar del 2,9% a alrededor del 3,2% del PIB el superávit primario previsto para 2011.
La medida, que depende de la aprobación del Congreso al cambio en el presupuesto de 2011, se suma al recorte de 50.000 millones de reales (u$s31.000 millones) en los gastos públicos anunciado por Rousseff semanas después de asumir el gobierno de Brasil, en enero pasado.
El ajuste fue anunciado al final de una reunión del Consejo Político de Rousseff, en la que participaron varios ministros y líderes parlamentarios de los partidos que conforman la coalición oficialista.
Uno de los participantes del encuentro, el diputado y sindicalista Paulo Pereira da Silva, relató que Rousseff advirtió que la crisis internacional "es grave" y destacó la necesidad de realizar nuevos ajustes para volver más sólida la situación fiscal del país.
Según afirma el diario O Estado de Sao Paulo, la medida fue adoptada para evitar que el gobierno sea obligado a aumentar sus gastos a raíz de decisiones del Congreso, que actualmente debate temas como reajuste de salarios para el Poder Judicial, ampliación de las inversiones en el sector de salud y elevación en el monto de las jubilaciones.
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