La minera de oro ruso-canadiense Rusoro pidió un arbitraje internacional contra Venezuela al no lograr un acuerdo con el Gobierno por la nacionalización de sus activos en el país, una medida que según la firma le ha provocado una gran pérdida.
El presidente, Hugo Chávez, nacionalizó el año pasado la industria aurífera y ordenó a las empresas privadas conformar firmas mixtas en las que el Estado debe tener la mayoría accionaria. La norma, además, incrementó las regalías y prohibió la exportación del metal.
"Las medidas del Gobierno venezolano se han traducido en una pérdida significativa", explicó Andre Agapov, presidente de Rusoro, según un comunicado de la firma.
La producción de Rusoro, que operaba ricos yacimientos en el sureste de Venezuela, cayó el año pasado por diversas trabas gubernamentales a unas 2,03 toneladas, desde las 4,22 toneladas del 2010. Su ganancia cayó un 25,3 por ciento a 107,3 millones de dólares, a pesar de los altos precios del oro.
"Durante varios meses hemos tratado de encontrar una solución amistosa a la controversia con el gobierno venezolano, pero al final, a la luz de la aparente falta de voluntad del Gobierno para buscar una solución amistosa, el arbitraje se convirtió en el único recurso de la empresa", agregó.
El Gobierno asegura que la nacionalización permitirá elevar sus reservas internacionales, pero en la práctica ha alejado a los pocos inversores interesados en las enormes reservas venezolanas.
"El arbitraje se ha iniciado después de la aprobación por el Gobierno de Venezuela de una serie de medidas que desmanteló el régimen jurídico para la comercialización de oro y que culminó con la nacionalización pura y simple y el control de las inversiones de Rusoro en Venezuela, sin compensación alguna", explicó la firma en un comunicado.
La empresa inició el proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a pesar de que Venezuela se retirara a principios de este año de ese tribunal, donde enfrenta una veintena de demandas por hasta 45.000 millones de dólares.
Según las normas del CIADI, la salida de Venezuela no la exime de cumplir los fallos que emita el tribunal por los casos ya iniciados.
Los arbitrajes más onerosos que enfrenta el país sudamericano ante el CIADI son los petroleros, pero también figuran los de las mineras canadienses Crystallex, Gold Reserve y Vanessa Ventures que exigen, conjuntamente, unos 6.000 millones de dólares por la revocatoria de sus proyectos auríferos.
Reuters
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